La salud pública también es una radiografía de la crisis

La salud pública también es una radiografía de la crisis

Los efectores públicos se hacen cargo de la alta demanda que deja a su paso la falta de trabajo y la crisis.

En 2016 los 50 centros de salud de la ciudad recibieron 16.500 mil nuevas personas que buscaron atención. Del total, un 30 por ciento llegó porque perdió la cobertura social al quedarse sin trabajo. O también porque las obras sociales, al perder afiliados, aumentaron el costo de copagos o coseguros en las prácticas médicas obligando a las familias a migrar al sistema público. Cuestión de ahorro o crisis, el secretario de Salud local, Leonardo Caruana, confirmó la estadística que se avizoraba en junio cuando el municipio abrió 2 mil historias clínicas familiares nuevas, unas 8 mil personas; de esos grupos familiares un 25% había perdido el trabajo. “La gratuidad en la atención y el acceso a medicamentos y especialidades hacen que en estos contextos el sistema reciba no sólo a quienes perdieron el trabajo sino a población con obra social”, explicó el funcionario, para quien, si bien el número es significativo, el uso del sistema público no es novedad. Desde hace años que las estadísticas oficiales reflejan que entre 10 y 15 por ciento de internaciones y consultas corresponden a personas con cobertura social, incluidos jubilados del Pami.

Existen pocos ejemplos de obras sociales que cuentan con centros de salud propios: el Rosendo García de la UOM o los efectores del Pami. El resto es tercerizada a sanatorios. Y también a los casi 80 efectores médicos dependientes del Estado provincial y municipal. Entonces, los costos de las consultas y las prácticas siguen caminos entre Estado y privados. “Cuando hay inestabilidad laboral y pérdida de fuentes de trabajo las obras sociales sufren porque baja la cantidad de afiliados y los sanatorios aumentan los copagos –dinero a cambio de consultas o prácticas– o generan auditorías más extensas. Además del desempleo, eso hace que la población migre a sistemas de salud pública”, dijo Caruana en diálogo con El Ciudadano.

En 2016 ingresaron unas 16.500 personas al sistema, sin sumar los nacimientos. Del total, un 30 por ciento había perdido el trabajo o le fue más fácil encontrar atención en la salud pública por el cambio en las obras sociales. También fue por pasaje de hospital a centro de salud en el territorio, es decir, por conveniencia y cercanía.

Además, se sumaron personas que no tenían ninguna cobertura social y no se estaban atendiendo en ningún lugar. “Fue a través de consultas a integrantes de la familia que sumamos a 2.200 personas diabéticas nuevas a los tratamientos. Es algo habitual, ya que el 50% de las personas con diabetes no saben que la tienen”, agregó.

Según el municipio, es habitual que los rosarinos busquen el sistema de salud pública, por la calidad y complejidad de atención. “Históricamente tenemos entre un 10 y 12 por ciento de internados con cobertura de obra social y otro 10 a 18 por ciento ambulatorios en los centros de salud del municipio cuando también tienen cobertura”, explicó Caruana y graficó: “Nos pasa con Pami. Un abuelo va a la consulta del médico de cabecera pero también va a buscar los medicamentos al centro de salud porque le queda más cerca”. El municipio prepara un convenio con Pami para recibir ese dinero. “El sistema de salud local no sale a la caza de la población con cobertura. Pero no la rechazamos. Cuando la captamos intentamos acompañar para que esa persona utilice lo que le descuenta todos los meses la obra social”, contó el secretario.

Privados

Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Eduardo Javkin aseguró que el cambio no se sintió en los centros privados. “La demanda es la misma. (Por la migración del sistema privado al público) Es probable que sea así. Es habitual en las épocas de crisis”, explicó. En 2016 el Ministerio de Salud nacional autorizó subas sucesivas de las cuotas en los planes de obras sociales. En total, 42,6% más que en 2015. Algo similar ocurrió con las prepagas: aumentaron un 52,5%.

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