Para Ordóñez, incorporar a otro gremio a la paritaria judicial "es un ataque a la libertad sindical"

El líder del sindicato de los empleados de tribunales cuestionó una resolución del Ministerio de Trabajo que saca a los funcionarios de alto rango de la Justicia de su órbita de representación.

El secretario general del Sindicato de Judiciales, Carlos Ordóñez, consideró que la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que le sacó a su gremio la representación del personal jerárquico de los tribunales “es un ataque a la libertad sindical”. El dirigente puso en duda la legalidad de la disposición que separó la negociación paritaria de los funcionarios comprendidos entre las clases 1 y 7 de la del resto de los empleados judiciales de menor rango.

La cartera encabezada por Carlos Tomada puntualizó que la representación sindical de los funcionarios jerárquicos de la Justicia mendocina le corresponde a la Asociación de Funcionarios Judiciales, una entidad incipiente en el mundo gremial, y no al sindicato de Ordóñez, que actuó hasta ahora en las paritarias en nombre de ese grupo de dependientes del Poder Judicial.

“El ministro de Gobierno (Félix González) deberá hacerse cargo de romper unilateralmente un frente sindical”, advirtió el mandamás del gremio que tiene en vilo al gobierno de Francisco Pérez con un extendido plan de lucha que afecta gravemente la atención en los tribunales. Y consideró que “la Asociación de Funcionarios Judiciales tiene simple inscripción, pero (en el Ministerio de Trabajo) nunca han dado vista ni han chequeado la cantidad de afiliados que tiene cada gremio, que es el procedimiento que corresponde. Es un ataque a la libertad sindical”.

La resolución del Ministerio de Trabajo a favor de la entidad de los jerárquicos es un golpe duro al poder de Ordóñez, quien hasta ahora encabezó las negociaciones salariales y de las demás condiciones laborales de los cerca de 4.500 empleados que revistan en el Poder Judicial de la provincia. El fallo de Trabajo a favor de la entidad gremial de los funcionarios judiciales además de sacarle más de mil empleados a la cartera de representados del gremio de Ordóñez, le quita a la entidad el monopolio de la representación de los asalariados del sector.

Con todas las clases de judiciales bajo su órbita, el sindicato liderado por Ordóñez encaró este año un reclamo salarial que no sólo contemplaba una recomposición de los haberes, también pretendía que se definiera un sistema de enganche con los magistrados para que en adelante, cada incremento salarial para los jueces se trasladara en la misma proporción a los empleados. Al final de una larga sucesión de reuniones entre el sindicato y el Gobierno, Francisco Pérez dio por fracasadas las negociaciones y otorgó un aumento salarial del 20% por decreto.

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