Otra maniobra contra el Estado tendiente a apropiarse de más de 21 millones de pesos

Se trata de una presentación promovida por dos particulares ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación en contra de la Municipalidad de Pozo Hondo por la supuesta ocupación de 96 hectáreas de su propiedad.
Obtuvieron una sentencia a favor, a pesar de que cuando iniciaron la demanda, en 2008, ya no eran titulares del dominio del inmueble pues lo habían transferido en el año 2001.

Otra maniobra contra el Estado tendiente a apropiarse de mas de 21 millones de pesos

MEDIDA. Tras el dictado de la sentencia de primera instancia, la Municipalidad de Pozo Hondo apeló el fallo. Actualmente la causa está a resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación.

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"Estamos en juicio y al pie del cañón para defender nuestros derechos"

Publicado el 04/07/2012 - Los señores Carlos Ricardo Sánchez y Pablo José Jorge Giunta promovieron ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación una demanda de expropiación inversa en contra de la Municipalidad de Pozo Hondo (departamento Jiménez) y obtuvieron una sentencia que condenó a la citada comuna al pago de la suma de $ 9.694.280 pesos de capital con intereses del 6% anual desde el año 1992 hasta el efectivo pago y costas.

Los actores eran propietarios del inmueble rural denominado “Loro Pozo” de 1.182 hectáreas y acusan a la Municipalidad de haber ocupado 96 hectáreas para urbanización del pueblo.

Iniciaron la demanda en el año 2008, cuando ya no eran titulares del dominio del inmueble supuestamente expropiado, ya que en julio de 2001 lo transfirieron a María Gladis Blois de Echave.

La condena supera los $ 21.000.000 (capital, intereses y honorarios) y está apelada ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación.

Antecedentes

Cómo se inició la instrucción judicial del reclamo:

En el año 2008 dos profesionales del medio iniciaron ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación la causa caratulada: “Expte. N° 360.842- Sánchez Carlos Ricardo y otro c/ Municipalidad de Pozo Hondo” reclamando el pago de 96 hectáreas, afirmando que 52 de ellas correspondían a una ordenanza expropiatoria sancionada por el Concejo Deliberante de Pozo Hondo el 24 de noviembre de 1992 y que sobre las otras 46 “el municipio había autorizado la posesión irregular de vecinos”.

A partir de ese momento se produjeron diversos hechos, algunos de ellos insólitos o que generan mucha suspicacia:

l La demanda fue notificada a la Municipalidad de Pozo Hondo que no contestó el traslado tramitándose la causa “en rebeldía”, ello es sin el control del municipio demandado.

l Los propios actores acompañaron prueba documental que demuestra que a la fecha de iniciación de la demanda ya no eran propietarios del inmueble supuestamente expropiado y ocupado por vecinos.

l Sin embargo, la sentencia de primera instancia consideró “acreditada la legitimación de partes”. Este criterio judicial contrasta con el aplicado en la causa “Moretto Franco Antonio c/Provincia de Santiago del Estero s/Expropiación Inversa” donde el reclamante había adquirido el inmueble con posterioridad a la supuesta expropiación y el sentenciante, con cita de abundamente jurisprudencia sostuvo que: “...no obsta que el actor haya adquirido el inmueble con posterioridad a su afectación como de utilidad pública, ya que tal adquisición significó no sólo la transferencia de esa carga sino también de los derechos y acciones surgidos de ella. Es que, el comprador del inmueble expropiado, como sucesor particular del anterior propietario goza de los mismos derechos que le fueran transferidos”.

l La sentencia de primera instancia dictada en contra de la Municipalidad de Pozo Hondo sostiene que el municipio expropió por ordenanza 52 hectáreas y “permitió el asentamiento en zonas fuera de la demarcada por la ordenanza citada”. En cuanto al monto de la indemnización la determina a precios vigentes al tiempo de dictarse el fallo, por metro cuadrado, como lotes con servicios, adicionándoles el mayor valor adquirido como consecuencia de la urbanización.

l El perito tasador sería el mismo que intervino en la causa “Moretto”. Al precio actualizado deben adicionar los intereses del 6% anual desde el año 1992 en adelante, lo que a la fecha significa una duplicación de la condena, y los honorarios de los profesionales que conforme las escalas vigentes no son menores a un 20% del monto del juicio.

Después del dictado de la sentencia de primera instancia la municipalidad compareció al juicio y apeló el fallo. Actualmente la causa está a resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación.

Fundamentos legales

Lo más sorprendente de todo ello es que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser “declarada por ley” de la Legislatura provincial tal como lo dispone la Constitución de la Provincia. Los municipios no pueden expropiar inmuebles sino que “deben peticionar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia la declaración de utilidad pública de bienes particulares a los efectos de la expropiación”, así lo establece el Art. 16, inc. f de la Ley 5590 (Ley Orgánica de Municipalidades).

Por lo tanto, el juez interviniente incurrió en una evidente violación a la Constitución de la Provincia y a la legislación en vigencia cuando acepta como válida una expropiación por parte del municipio sin que se hayan cumplido los recaudos legales indicados. l

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