El oficialismo estudia el proyecto del FpV por las audiencias públicas

El oficialismo estudia el proyecto del FpV por las audiencias públicas

El debate por el convenio urbanístico firmado por el intendente Miguel Lunghi y una familia que posee varias manzanas en la avenida Don Bosco, elevado al Concejo Deliberante para su convalidación, sumó la propuesta del Frente Para la Victoria para que las audiencias públicas en estos casos sean obligatorias.

Desde su presentación, el expediente descansa en la Comisión de Obras Públicas y Urbanización, pese al pedido del FPV para que sea girado a Interpretación y Asuntos Legales para su discusión.

En diálogo con El Eco de Tandil los concejales del radicalismo y titulares de ambas comisiones legislativas, Sergio Lunghi y Romina Mapelli, respectivamente, repasaron las inquietudes en torno a la propuesta y expusieron algunos reparos.

“Como se trata de convenios urbanísticos que están vinculados a excepciones, necesariamente debe discutirse en Obras Públicas”, justificó Mapelli. Luego remarcó que la iniciativa apunta a la incorporación de un párrafo en la ordenanza que regula los convenios, que establece la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas antes de su aprobación.

En ese sentido indicó que la propuesta contempla un mecanismo con “similares características” a la reglamentación que establece el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para el tratamiento de modificaciones de fondo. “Hay toda una reglamentación en torno a la convocatoria, de quiénes pueden participar, de qué modo”, enumeró la edil.

Mapelli argumentó que el FPV pretende que se discutan los convenios urbanísticos “para tener un aval de los sectores perjudicados, como dicen, para su aprobación”, y dijo que el surgimiento de la iniciativa fue en el marco de la polémica que se desató en torno al pedido de convalidación por los lotes de Don Bosco. “Es paradójico porque lo que discuten es la excepción y no el convenio”, disparó.

En ese sentido Lunghi apuntó que la convocatoria a estos espacios de discusión “la maneja el Departamento Ejecutivo” y no el Concejo Deliberante, y aclaró que los casos que establecen excepciones al PDT llegan con un dictamen de la Comisión Municipal de Gestión Territorial, integrada por profesionales y técnicos.

Y aclaró, respecto del tema en debate, que se trata de una asignación de indicadores para la zona.

Al respecto Mapelli citó otra “contradicción” de sus pares de la bancada kirchnerista al señalar que pretenden vincular el caso de la familia Segurola a las audiencias públicas “cuando no hay excepción”.

“Es una asignación de indicadores que requiere de un convenio urbanístico. Es como que mezclan y no tienen en claro porqué ponen en discusión el convenio si en realidad no están de acuerdo con la unidad mínima de subdivisión que se les estaría otorgando a esos lotes”, repasó.

Otra salvedad

A la pretensión de convocar audiencias públicas en cada convenio urbanístico, Mapelli objetó que en varias oportunidades se abocan al tratamiento de iniciativas de esta naturaleza que “simplemente implica el aumento de la Tasa Unificada de Actividades Económicas”.

“Cuando autorizamos un rubro o una actividad que está prohibida en una zona determinada, se afecta ese impuesto”, y en muchos casos sucedió que “se cobró un cincuenta o un ciento por ciento más de lo que pagan habitualmente”, ejemplificó.

Así, en caso de avanzar con la propuesta de audiencias públicas obligatorias, esto se tendría que poner a discusión convocando a los actores intervinientes para su debate.

La presentación

Hacia mediados del mes pasado el presidente del bloque de concejales del FPV, Pablo Bossio, acompañado por sus pares Ignacio Fosco, Antonio Ferrer, Corina Alexander y Fernando Rossi, presentó un proyecto que contempla una reforma en el procedimiento de aprobación de los convenios urbanísticos ante los pedidos de excepción del Plan de Desarrollo Territorial.

La propuesta implica que la audiencia pública, instancia que ya está incluida en la ordenanza vigente, sea obligatoria, buscando así dotar de “mayor transparencia” al proceso, a través de esta demanda de participación de los ciudadanos.

“La audiencia pública es una herramienta muy importante que le da legitimidad a las decisiones y les permite saber a los vecinos el alcance de una decisión”, explicó Bossio en esa oportunidad.

Y agregó que “el artículo 8 de la ordenanza que regula los convenios urbanísticos establece cuál es el procedimiento que debe darse. Lo que nosotros proponemos es modificar este artículo de forma tal que cada convenio urbanístico que se firme en Tandil, previo al tratamiento en el recinto, pase por audiencia pública”.

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