Morales amplía beneficios a las cooperativas y presiona a Sala

Morales amplía beneficios a las cooperativas y presiona a Sala

Cada vez son más los adherentes al nuevo sistema de reempadronamiento y pierde fuerza la protesta en la plaza

Cuando parecía que el acampe de la organización Tupac Amaru en la plaza central de esta ciudad estaba próxima a su fin, el gobierno de Gerardo Morales agregó un capítulo que dilató un poco más la solución a la medida de fuerza, que hoy cumple 35 días y ayer alcanzó nuevos picos de tensión.

En su estrategia de desgastar a los seguidores de la agrupación liderada por Milagro Sala, el mandatario radical anunció otro zarpazo a la estabilidad de la protesta: ampliará los beneficios a todas aquellas cooperativas que se registren en el nuevo sistema de empadronamiento y regularización que impuso por decreto.

A partir de febrero, afirmó Morales, los cooperativistas registrados contarán con cobertura médica y seguro de vida para su grupo familiar, el mismo sistema del que gozan los empleados públicos de la provincia. El beneficio estará subsidiado por el estado provincial y requerirá de un aporte mínimo del 4% del salario de los trabajadores. "Es un paso hacia la normalización y la institucionalidad", dijo Morales, quien confirmó que el plazo para la inscripción de las cooperativas continúa abierto.

El decreto, que el gobierno prevé ratificar mañana en la Legislatura, es un golpe más al apoyo que perdió el acampe en las últimas semanas. Según confirmó el gobierno provincial a LA NACION, la ocupación de la plaza comenzó con la presencia de 80 cooperativas. Ayer resistían 12.

En tanto, ayer, a última hora, se conoció que Sala, detenida desde el sábado, permanecerá en la Comisaría de la Mujer Nº 49, luego de que el juez de la causa, Gastón Mercau, le negó el pedido de excarcelación. La líder de la Tupac Amaru, en tanto, levantó la huelga de hambre. "Por pedido de mis compañeros", aclaró.

La jornada de ayer fue tensa desde la primera hora. Cuando aún algunos dormían en las camas improvisadas en las carpas, el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, llegó a la plaza acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, y un efectivo de la policía para notificar la orden de Mercau de desalojar la calles que rodean la zona. También comunicó la intimación de la justicia contravencional para que levanten definitivamente el acampe.

Los funcionarios fueron recibidos con abucheos. Mientras Meyer hablaba, la situación se mantuvo tranquila, salvo por un perro que, nervioso, no dejaba de ladrar. El ministro había dejado para el final el anuncio del plazo dispuesto por la Justicia para que liberen las calles: media hora. Lo que decía Meyer no se escuchó más. Los gritos y los insultos taparon su voz. Y su pedido fue desobedecido.

"No hagan ninguna acción directa que pueda producir muertos o lesiones", amenazó uno de los interlocutores, ante el temor creciente de un desalojo. El ministro respondió que el gobierno está abierto al diálogo, algo que en el acampe rechazan.

En su camino de vuelta hacia la Casa de Gobierno un grupo de manifestantes exaltados le siguió el paso agitando los brazos en el aire y reafirmando, con cánticos, que no se iban a ir. Cuando los funcionarios atravesaron las vallas que separan a la gobernación de la protesta hubo forcejeos y golpes con la policía. El encontronazo no pasó a mayores.

"La Justicia resuelve primero las designas del gobernador", se quejó uno de los abogados de Sala, Alberto Nallar.

Finalmente, tras una breve asamblea, los "tupaqueros" decidieron acatar parte de las intimaciones. En poco más del plazo dispuesto por la Justicia, se subieron a la plaza las carpas que bloqueaban el tránsito y algunos intentaron limpiar con escobas los restos de comida y basura. Los autos volvieron a circular. "¿Querían la calle? Les dimos la calle. Ahora no esperen que nos vayamos de la plaza", gritó un hombre, que intentó no mostrar signos de debilidad.

En la plaza hay cada vez menos gente. Numerosas cooperativas aceptan la propuesta del gobierno y algunos bajan los brazos tras vivir 35 días a la intemperie. Esa falta de gente dejó de notarse cuando hacia las 19 llegaron cientos de personas de ATE Jujuy, el Movimiento Evita y otras organizaciones a la movilización de apoyo convocada desde anteayer. Fernando Esteche, el líder de Quebracho, también dijo presente en la manifestación.

Aunque negaron que fueran a reprimir, las inmediaciones de la Casa de Gobierno se colmaron de un número llamativo de policías y unos pocos efectivos de infantería.

Encabezaron el acto varios oradores, entre los que había diputados nacionales del Frente para la Victoria, como el camporista Marcelo Santillán (Tucumán) y Verónica Mercado (Catamarca).

Entre consignas contra el gobierno provincial y cánticos a favor de Sala, el acto estuvo dominado por el agradecimiento a las adhesiones de funcionarios, organizaciones sociales y periodistas kirchneristas. Fue una manera de provocar un impulso para aguantar un día más.

Las causas pendientes de la dirigente social

Además de estar acusada por "instigación a cometer delitos" y "tumulto" por el acampe que encabezó hasta ser detenida en la plaza central de Jujuy, Milagro Sala, líder de Tupac Amaru, está imputada por "amenazas en dos hechos" que tuvieron lugar en 2014 y por "daño agravado en concurso real con amenazas", de 2011.

Por esa acumulación de causas, según el fallo firmado por el juez Raúl Gutiérrez -quien se apartó sorpresivamente de la causa por motivos de salud- la dirigente no goza del "beneficio de la condicionalidad" y permanece detenida en la Comisaría de la Mujer Nº49 de la capital jujeña.

El gobierno de Morales prepara una batería de demandas penales a Sala por fraude contra la administración pública y por integrar una asociación ilícita, con el agravante de ser funcionaria pública.

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