Gils Carbó reclamó recursos y la pelea con el Gobierno se extendió al terreno económico

Gils Carbó reclamó recursos y la pelea con el Gobierno se extendió al terreno económico

Le pidió $ 1241 millones de presupuesto para 2017 y $ 70 millones adicionales hasta fin de año

La pelea política entre el Gobierno y Alejandra Gils Carbó desbordó los límites de la discusión sobre la continuidad en el cargo de la procuradora general de la Nación y se transformó en un conflicto económico. Con amenazas de huelga y cruce de oficios entre la procuradora y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay , al que reclama 1241 millones de pesos para 2017 y 70 millones para llegar a fin de año.

El Gobierno aún no transfirió los fondos para aumentar los salarios del Ministerio Publico Fiscal, arrastrados por el incremento del 12% dispuesto por la Corte en octubre pasado. La Corte les pagó a los jueces y empleados del Poder Judicial con sus fondos, pero la Procuración y el Ministerio Publico de la Defensa, afectado también, dependen del giro de recursos del Poder Ejecutivo.

Empleados de las fiscalías amenazan con un paro la semana próxima para reclamar ese aumento, que llevará la suba total en 2016 al 42%.

A esto se suma el reclamo que hizo el jueves Gils Carbó en un oficio que le mandó al ministro Prat-Gay. La procuradora, en 18 carillas, le dijo que el presupuesto para 2017 para la Procuración "resulta insuficiente para garantizar que el organismo cumpla razonablemente con su finalidad y objetivos institucionales".

Gils Carbó escribió que la brecha entre lo que presupuestó la Procuración y los "techos financieros comunicados" por Economía es de $ 1241 millones. Para la procuradora esto "compromete gravemente el financiamiento de gastos e inversiones", que en algunos casos están por debajo del presupuesto ejecutado en 2015.

Además, Gils Carbó recordó que en junio pasado ya le reclamó 70 millones de pesos para llegar a fin de año, "imprescindibles para cubrir los gastos de funcionamiento y la compra de bienes y contrataciones para evitar una parálisis del funcionamiento del organismo".

Gils Carbó dijo que sin esa plata no se podrán continuar "investigaciones en marcha de relevancia institucional" ni crear nuevas estructuras mediante nuevas leyes.

Por ejemplo, hay problemas para el juzgado federal de Hurlingham, el de Catamarca y la Cámara de Apelaciones de Luis Piedra Buena, en Chubut, por ejemplo.

La procuradora dijo que las procuradurías especializadas en lavado de dinero, narcotráfico, violencia de género, causas de lesa humanidad o "causas complejas de corrupción pública y privada de relevancia institucional" serán afectadas.

Además, Gils Carbó recordó que la UFI PAMI, donde se investigan delitos cometidos en ese ámbito, era financiada por el organismo, pero este año hubo demoras en los desembolsos, por lo que piden que pongan a los empleados en el presupuesto del Ministerio Público.

Lo presupuestado en bienes y servicios, que abarcan el pago de alquileres, servicios de energía, Internet, seguridad, mantenimiento, movilidad de los fiscales y el gasto permitido, implica un déficit de 50%.

También hay problemas con las partidas destinadas a la compra de edificios en Chaco y Formosa, la remodelación del auditorio de la calle Perón al 600, equipamiento para poner en funcionamiento el laboratorio forense, entre otros. Pidió Gils Carbó que les autoricen 5,5 millones de pesos para adelantos de pensión por un año para los familiares de los fiscales y funcionarios fallecidos.

El Gobierno viene presionando sin éxito para lograr la renuncia de Gils Carbó. Envió al Congreso un proyecto de ley del Ministerio Público que acorta el mandato de la procuradora, que deja ser vitalicio.

Negoció incluso con el massismo en el Congreso y a cambio de obtener sus votos le dio el control de la Procuración, permitiendo la intervención del Congreso en la autonomía del Ministerio Público.

La reacción de los fiscales -no sólo de los que apoyan a Gils Carbó, sino de los que la combaten- y las advertencias de que la ley podía ser declarada inconstitucional hicieron retroceder al Gobierno, que quitó el proyecto de ley de su lista de prioridades y lo guardó hasta el año próximo.

Comentá la nota