Ética pública: el radicalismo relativiza las diferencias

Ética pública: el radicalismo relativiza las diferencias

Según Laura Montero, las demoras para que la ley sea sancionada dependen de acuerdos previos con la oposición y problemas de agenda.

Aunque la ley de Ética Pública sigue siendo una promesa que, otra vez, renovó el plazo de concreción, en el Gobierno señalaron que las demoras no son por diferencias internas sino por cuestiones de agenda y falta de acuerdo con la oposición.

Así salió a defender ayer la vicegobernadora, Laura Montero, quien se refirió a la nota publicada ayer y rechazó la idea de que hayan distintas concepciones entre ella y el gobernador, Alfredo Cornejo, en torno a la postergada ley de Transparencia.

“El trabajo se inició con la señal de Alfredo. Yo me senté con él cuando iba a escribir el proyecto de ley de Ética, y establecimos los tres puntos críticos a resolver, lo que después siguió con la reunión con todo el bloque. Esto también lo estuvo viendo (la senadora) Daniela García con el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el equipo de Gobierno. Yo después perdí el rastro a mi proyecto original, que fue la base de lo que se está discutiendo”, relató Montero el trayecto que tuvo el undécimo y último proyecto de Ética, presentado el 27 de mayo pasado.

Pero más allá de las intenciones, el impulso oficial no alcanzó y si bien amagaron con tratarlo hace una semana, en la última sesión del Senado, el debate pasó para febrero.

Ante esto, en el Poder Ejecutivo apuntaron a la oposición, y en la oposición al Gobierno. “Tienen diferencias internas”, acusó un senador justicialista; mientras, ayer, la senadora García hizo referencia a que en la última reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), el justicialismo no acompañó la propuesta. 

Esa reunión duró varias horas de debate y el despacho salió sin la firma del Frente para la Victoria. “Estuvimos muchas horas artículo por artículo. Todavía quedan cosas por retocar, es una ley importante”, señaló luego del encuentro la senadora justicialista, María José Ubaldini.

Por su parte, cuando se le preguntó por la postergada ley a Cornejo, en distintos momentos el primer mandatario puso en valor el proyecto del ex diputado Tadeo García Zalazar.

Ayer, Montero negó que hayan cuestiones internas que traben el debate y, además de apuntar a diferentes factores de demora, defendió que el proyecto está consensuado con Cornejo.

“El proyecto fue y vino dentro del espíritu planteado. Acá no hay voluntades absolutas, y yo lo que quiero es sacar la ley, junto con la de Acceso a la Información”, expresó Montero.

Según la Vicegobernadora, los ejes consensuados con el Gobernador fueron tres: los sujetos comprendidos, el mecanismo de presentación de las declaraciones juradas (cómo han de valuarse los bienes) y la autoridad de aplicación.

Este último punto es el que más disidencias generó. Tanto en la oposición como en Fiscalía de Estado, criticaron que se intente “sacar” al fiscal de Estado la competencia de controlar la declaración patrimonial de los funcionarios.

En cambio, Montero defendió que decidieron instruir al fiscal de Investigaciones Administrativas para “elevar de rango al fiscal”, una de las ideas propuestas para la reforma de la Constitución provincial. 

Hasta allí la parte técnica, que terminará de pulir los detalles en febrero cuando los legisladores retomen sus tareas.

En cuanto a los planes y voluntades políticas de sacar la ley, no hay tantas respuestas. En este sentido, Montero se excusó de no ser ella quien deba responder por qué aún no sale la ley, teniendo en cuenta que otros proyectos impulsados desde el Poder Ejecutivo tuvieron un tratamiento, en algunos casos, exprés.

Pese a ser requerido, ayer fue imposible contar con la opinión del ministerio de Gobierno para dar su parecer sobre este punto. Por su parte, la jefa de la Casa de las Leyes defendió todas las acciones que realizó para transparentar “la gestión ejecutiva” de la Legislatura.

En este sentido, en la Legislatura apuntan a que la ley que obliga a los funcionarios públicos a realizar sus declaraciones juradas de bienes, no estuvo en la agenda de urgencias del año que pasó.

En cambio, la atención se centró en las leyes referidas al tema Seguridad, por lo que la norma de Transparencia fue quedando en la cola de los temas a sacar.

Los ejes clave del proyecto

La ley de Ética Pública fija la responsabilidad en el cumplimiento de la función pública. En uno de los apartados establece los mecanismos para la presentación de las declaraciones juradas de bienes.

Montero señaló que el proyecto que impulsó, a través de senadores vinculados a ella, tienen tres puntos “acordados” con el Gobernador. 

¿A quién abarca? En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto es más amplio que el resto y plantea que además de obligar a los funcionarios de los tres poderes del Estado a declarar su bienes, también lo hagan los municipios, los funcionarios que tienen responsabilidades en el manejo de fondos públicos, los referentes sindicales y los proveedores del Estado. “Esto es para que nadie esté bajo sospecha”, justificó.

¿Cómo presentar la declaración jurada? Por otro lado, resta pulir el mecanismo de presentación, que establezca cómo deben calcular los funcionarios el valor de sus bienes.

“Hay que poner la forma de valuación, porque los bienes son siempre los mismos, pero hay que ver cómo los valuamos. Hay que ponerse de acuerdo, si es por avalúo o la ley de impuesto a los sellos. Pero lo importante es declarar los bienes y después establecer y decidir un indicador objetivo, comparable y con valores comunicables”. 

¿Quién controla? El último eje a acordar es la autoridad de aplicación. La última idea considerada era crear una oficina dentro de la órbita del Senado, que siga la evolución patrimonial de los funcionarios.

Cárcel federal: anuncian que se reactiva la construcción

El Gobierno anunció la reactivación de la construcción de la cárcel federal, en Cacheuta, que albergará a 588 presos de Cuyo. La obra comenzó en 2011 pero se paralizó a partir de 2015.

Según el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, aún falta una inversión de   $ 500 millones para culminar los trabajos, que demandarán 18 meses. Además sostuvo que el avance de obra es de tan sólo el 45%.

En primer lugar se realizará una auditoría para detallar el estado de la construcción y se prevé que el comienzo de los trabajos será luego de 3 meses.

Por otro lado, Vaquié sostuvo que en promedio se requerirán 350 obreros, aunque agregó que en su pico de construcción ese número podría llegar a los 600 operarios.

La inversión de los $ 500 millones estará a cargo del Gobierno nacional, y la primera partida que enviará será de $ 58 millones.

El establecimiento contará con 36.000 m2 cubiertos, en un terreno de 50 hectáreas, y contará con tres niveles: en el primero se encontrarán las oficinas administrativas, alojamiento para penitenciarios, guardería para los hijos del personal, talleres de mantenimiento de vehículos, abastecimiento de agua y energía eléctrica, seguridad externa (edificio de control vehicular) y conserjería (edificio de control de visitas de internos).

En el segundo nivel se ubicarán los edificios de la casa de pre-egreso (internos con salidas transitorias), cocina general, panadería, lavandería, asistencia médica, psicológica y social, Juzgado de Ejecución y oficinas administrativas.

En el tercer nivel estarán dispuestos 4 pabellones de alojamiento de mínima y mediana seguridad, con sus respectivos salones de usos múltiples; 2 pabellones de máxima seguridad con servicios; 2 edificios educativos; talleres de trabajo y laborterapia; un área de culto y una cancha de fútbol.

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