Después de OCA y Cristóbal López, la AFIP pone en la mira a dos tabacaleras locales

Después de OCA y Cristóbal López, la AFIP pone en la mira a dos tabacaleras locales

 Ambas empresas venden sus marcas a precios más bajos que los permitidos por la reforma tributaria, que estableció un valor mínimo de $28. Tanto Espert como Sarandí comercializan atados a $21. Se basan en medidas cautelares que les permiten evitar cumplir con la la norma fiscal

 Dos tabacaleras nacionales y con sede en la provincia de Buenos Aires, están siendo investigadas por la AFIP por venir incumpliendo con el pago del impuesto mínimo a los cigarrillos establecido por ley e incrementado en la reforma tributaria de principios de año.

Se trata de Espert y Tabacalera Sarandí, con fuerte presencia en el segmento de cigarrillos de bajo precio a través de marcas que en algunos casos le compiten a las más grandes del mercado como son Massalin Particulares y British American Tobbacco (BAT) o ex Nobleza Piccardo.

En conjunto, los atados de Espert y Sarandí son responsables del 35% de las ventas de cigarrillos económicos, más que nada porque se venden a valores muy por debajo de los establecidos por la reforma tributaria.

Las dos empresas se amparan en medidas cautelares para no girar al ente fiscal la alícuota correspondiente y además comercializar sus marcas sin respetar el límite mínimo establecido por las normas que rigen esta industria y por lo informado en la Ley de Impuestos Internos (Artículo sustituido por art. 103 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017).

Antes de la reforma fiscal, ese valor se ubicaba en los $21, y ahora trepó a los $28 por cada paquete de 20 unidades. Espert y Sarandí no vienen cumpliendo con ninguno de los dos valores a pesar de que, con la entrada en vigencia de los artículos 103/104/106 de la lay 27.430 en marzo pasado, el impuesto interno que corresponde a los cigarrillos es del 70% sobre el precio de venta, pero no puede ser inferior a $28 por cada paquete de 20 unidades. 

En el caso de Tabacalera Sarandí, la medida cautelar contra esta norma le fue otorgada el 26 de abril del 2016, y prorrogada en tres oportunidades. La última, por seis meses, la obtuvo en diciembre del año pasado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, Secretaría Nº 21.

Además, inició en febrero una acción de inconstitucionalidad contra los referidos artículos, solicitando una medida cautelar que los exima del pago mínimo por ser superior al precio actual de comercialización. Tal medida cautelar aún no fue otorgada. 

En cuanto a la cautelar obtenida por Espert, data del 7 de septiembre del 2016, y fue prorrogada en varias ocasiones por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9. En ninguna de las dos empresas respondieron a las consultas de iProfesional.

En tanto, fuentes oficiales y del mercado estiman que por este artilugio legal, la AFIP dejó de percibir alrededor de $2.000 millones en los últimos dos años y aseguraron que funcionarios del ente recaudador iniciaron procesos de fiscalización en Espert y Sarandí por entender que las medidas cautelares no se encuentran en vigencia.

Esto se debe a que los productos comercializados por las dos empresas están exentas del pago del impuesto mínimo, lo que les permite competir con precios muy por debajo de las marcas más baratas de Massalin y BAT, que se encuentran actualmente aportando con la recaudación de los impuestos internos. 

Para conceder la medida cautelar solicitadas por Espert y Sarandí, los jueces consideraron verosímiles los planteos de las empresas al no observase "un vínculo entre el medio y fin buscado por la norma". Esto es, cómo la mayor carga tributaria impuesta a empresas que venden a menor precio desalienta el consumo.

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Espert es propiedad del empresario Carlos Daniel Tomeo, que fundó la compañía en el 2002 y hoy lidera el segmento de cigarrillos de bajo precio con su marca Melbourne. En 2007, la fábrica se asoció con la empresa Hongta Tabaco Group, propiedad del gobierno chino, y con Wella Group, que tiene sede en Hong Kong.

En la página de la AFIP, Espert informa el precio de los atados de Melbourne a $19, y de su marca Milenio Luxury a $21. Es decir, muy por debajo del piso de $28 por atado que impone la ley impositiva.

De hecho, Tomeo fue denunciado por la diputada Elisa Carrió, quien lo señala como "testaferro" de Aníbal Fernández y lo acusa de una evasión fiscal cercana a los $1.000 millones en la producción de cigarrillos. La causa es tramitada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ya llevó a cabo varios allanamientos a la planta de Espert en la misma localidad y hasta clausuró el establecimiento en septiembre del 2016.

En uno de esos procedimientos, se allanó una fábrica clandestina en la localidad bonaerense de Llavallol, donde se encontraron marquillas de las marcas de Espert. Por eso, en esta causa, el magistrado sospecha de que Espert terceriza la producción a empresas clandestinas para evitar el pago de los impuestos internos.

Tomeo, quien reside en el exclusivo country Abril de Pilar, además es investigado por supuesto lavado de dinero en un caso que también involucra a narcotraficantes colombianos y más de 18 viviendas de lujo y una docena de sociedades fantasmas, todas propiedad o vinculadas al dueño de Espert.

En el caso de Tabacalera Sarandí, informa en la web de la AFIP que su marca Master Filter se vende a $20 el atado, mientras que las diferentes variantes de Red Point oscilan en los $25 y $27 por paquete. Es decir, tampoco cumplen con la reforma tributaria. Al igual que Espert, esta tabacalera nació durante la crisis del 2001, agrupando a personal de diferentes sectores de la actividad y abriendo una planta en la localidad bonaerense de Avellaneda. 

Según las filiales locales de las tabacaleras internacionales, tanto Sarandí como Espert compiten de manera desleal al no reconocer el impuesto mínimo que debe ser abonado por cada cigarrillo vendido, que se calcula de acuerdo a la categoría más consumida, que en febrero pasado fue el cuarto cuartil o las marcas que se venden entre los $52,16 a $64, con 65,29% del total de cigarrillos comercializados. 

"Los precios con los que compiten Espert y Sarandí, no solo ponen de manifiesto el incumplimiento de la ley por estar por debajo del mínimo de $28, sino que además evidencian una notoria inobservancia de otras normas", advirtió ante iProfesional un ejecutivo de una de las más grandes tabacaleras del país. 

Según su visión, las empresas no pueden vender sus atados a ese precio si cumplen con el pago de todos los impuestos aplicables a esta industria, hacen frente a los costos operativos y utilizan los márgenes de ganancias necesarios para cualquier operación. "A $21 pesos un atado, se hace económicamente inviable la actividad de estas tabacaleras", asegura.

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