Abren fuego por el Batallón 141

En el Concejo. Largó ayer el debate de la norma que regulará los convenios con desarrollistas. El futuro del 141 ya generó divisiones.

Los concejales abrieron ayer, en comisión, el debate de la que podrá ser una de las ordenanzas clave de la gestión mestrista: la de convenios urbanísticos –nuevo nombre para la concertación público-privada–.

Y aunque se trata del marco regulatorio general para acuerdos que a futuro realicen desarrollistas y el municipio, un caso particular ya se coló en la discusión, dividiendo aguas: el destino del Batallón 141, ese lote de 22,3 hectáreas y ubicación estratégica junto al Parque Sarmiento, propiedad del grupo Eurnekian y declarado reserva verde durante la gestión de Luis Juez. Esa condición es la que hasta ahora inhibió en él desarrollo inmobiliario.

Hasta el intendente Ramón Mestre hizo declaraciones al respecto, precisando el criterio que adelantó en campaña: “Siempre y cuando se mantenga un uso mixto y se preserve lo verde, para nosotros es importante cualquier proyecto porque ahora el lugar está abandonado”, dijo.

En el Concejo, y exponiendo el proyecto de convenios ante los ediles, sus funcionarios de urbanismo coincidieron en que la idea de mantener el sitio como un pulmón verde sin construcción alguna es inviable, y dejaron entrever que el destino más factible implica usos mixtos (quizá vivienda con espacios públicos) con inversión de propietarios privados.

Mucho más amplio. En rigor, el proyecto que comenzó a debatirse ayer excede largamente en alcance e impacto al caso del Batallón: la norma de convenios urbanísticos busca dar a la intendencia un mecanismo que le permita, en casos “singulares”, autorizar proyectos que impliquen excepciones a las normativas de ocupación y uso del suelo y edificación (permitir un tipo de edificación no habilitada de antemano en un lugar, u otra división del terreno o mayor construcción o altura, por ejemplo).

En cada caso, y como la excepción legal implica mayor rentabilidad para el privado, la norma establece que parte de la misma debe ser coparticipada al municipio, regulando el sistema y los pisos para cobrarla (ver “Acuerdo...”.).

Sucede que en la “cola” de proyectos potenciales pendientes y conocidos que podrían enmarcarse en este sistema, el del ex Batallón es el mayor y más polémico.

También hay trascendidos de que el grupo propietario espera que exista este marco para insistir con un nuevo proyecto inmobiliario ante la intendencia.

Ayer, el juecista Esteban Dómina elogió la intención de regular el sistema de convenios, pero adelantó que su bloque (de dos miembros) no lo votará si no se establece que no podrá usarse para cambiar la categoría de “reserva verde”.

A contramano, los ediles liderados por Olga Riutort manifestaron otras críticas, pero no se pronunciar a favor de mantener las “reservas verdes” o inhibir la concertación en ciertas zonas; al igual que el bloque del PJ.

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Escala de grises

OPINIÓN: Florencia Ripoll - Redacción/[email protected]

Algo en lo que todos los bloques políticos del Concejo coincidieron ayer, incluso los vinculados a gobiernos de los últimos años, fue que el tipo de acuerdos entre privados y el municipio que ahora se quiere regular y transparentar se viene haciendo con millonarios beneficios para los desarrollistas pero casi ninguno para la ciudad.

En la trama urbana la tierra no vale por si misma, sino por lo que se puede construir en ella. Y a eso lo determina el Municipio (en parte sólo el Ejecutivo, en parte con paso obligado por el Concejo). Esa es una herramienta con formidable capacidad de generar riqueza de manera casi “mágica”, e igual poder de engordar bolsillos de funcionarios de turno.

En ese marco, es una buena noticia el intento por dar un marco legal transparente a una práctica que se viene haciendo en forma discrecional, entre intersticios de ordenanzas. El desafío del Concejo es sancionar la mejor norma posible para bajar los “grises” a la mínima expresión posible.

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Más que el 141

Convenio urbanísticos. Acuerdos entre propietarios privados o públicos con la comuna, por los que esta autoriza excepciones a las normas constructivas. Las excepciones hacen más rentables los proyectos, y sobre ese extra el privado cede una parte (piso del 10% o 15%) en dinero, edificación u obras al municipio.

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Acuerdo para acotarla

La reunión de ayer en el Concejo sirvió para que el secretario de Desarrollo Urbano, Mariano De Juan, y el subsecretario de Desarrollo Estratégico, Juan Giunta; autores del proyecto de convenios urbanísticos explicaran la norma a los ediles de la Comisión de Desarrollo Urbano. A la vez, los bloques expusieron sus primeras críticas.

Todos coinciden en que se necesita regular una herramienta de excepciones de ese tipo, y plantearon disidencias puntuales. Giunta insistió que el fin no es obtener un “cheque en blanco” para autorizar excepciones, sino regular y transparentar una práctica mucha veces necesaria ante la rigidez de las principales ordenanzas de uso y ocupación del suelo.

El juecista Esteban Dómina planteó, a pesar de eso, la necesidad de darle algún marco limitantes. Giunta tomó nota y señaló que se podría establecer que se aplique en parcelas de cierto tamaño para arriba, por ejemplo. El proyecto seguirá en discusión con participación de cámaras y otros actores.

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Mariano De Juan, secretario de Desarrollo Urbano

"Esta norma es para salir de la discrecionalidad. Seguirá siendo el Estado municipal el que decide si es conveniente o no hacer un convenio. En el 141 habrá que evaluar lo que presenten".

Esteban Dómina, Frente Cívico

"Esta es una buena herramienta, pero hay que establecer algunas zonas para autorizar excepciones y no permitirlas en toda la ciudad. Las áreas que son reserva verde deben seguir así".

Alejandra Vigo, Unión por Córdoba

"Es una buena herramienta. Hay que sumar un registro de desarrollistas que celebren convenios para mayor transparencia; e incluir las áreas donde no se puede dar excepciones".

Miguel Siciliano, Bloque Eva Duarte

"Si la ordenanza pide al desarrollista devolver un piso del 10% o 15% del beneficio extra al municipio el intendente decide cuando exige hasta 90%. Esa discrecionalidad debe acotarse".

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